La Justicia Especial para la Paz (JEP) enfrenta nuevos cuestionamientos por parte de víctimas de las extintas Farc, quienes ponen en duda los resultados alcanzados por la jurisdicción después de ocho años de funcionamiento. Uno de los principales reparos está relacionado con el número de sentencias condenatorias. Según lo expuesto por el exdiputado y víctima de las Farc Sigifredo López, hasta ahora se han proferido cuatro condenas, dos de ellas relacionadas con integrantes de la antigua guerrilla. López comparó esta cifra con los resultados de la justicia ordinaria y cuestionó el ritmo de decisiones de la jurisdicción transicional. El abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de víctimas de las Farc, también cuestionó el avance de las investigaciones. Según afirmó, varios expedientes relacionados con hechos como secuestros fueron entregados por la Fiscalía a la JEP hace varios años y, pese a ello, algunos procesos continúan pendientes. Los cuestionamientos también se trasladaron al presupuesto de la jurisdicción. López señaló que la JEP cuenta con recursos por cientos de miles de millones de pesos y cuestionó el porcentaje destinado a honorarios y contratos. La discusión presupuestal ha cobrado relevancia luego de que se plantearan reducciones para la próxima vigencia. Otro punto de controversia está relacionado con las sanciones propias aplicadas por la JEP. Estas contemplan trabajos y actividades de carácter restaurativo para quienes reconocen verdad y responsabilidad, en lugar de una pena tradicional de prisión. La propia JEP explica que este modelo busca combinar sanción, reparación y restauración de los daños ocasionados durante el conflicto. En ese contexto, algunas víctimas han cuestionado actividades que han sido incluidas dentro de los procesos restaurativos y que, según sus críticas, pueden traducirse en reducciones de las sanciones. Entre los ejemplos mencionados aparecen actividades comunitarias, acciones de memoria y trabajos de reparación. La JEP, por su parte, ha avanzado en la ejecución de sanciones contra antiguos integrantes del secretariado de las Farc por el caso relacionado con secuestros. Las sanciones contemplan actividades restaurativas como la búsqueda de personas desaparecidas, acciones contra las minas antipersonal y otras medidas dirigidas a reparar a las comunidades afectadas. La controversia se mantiene mientras la jurisdicción continúa con los procesos pendientes y avanza en la ejecución de las sanciones. Para las víctimas que cuestionan su desempeño, el debate central está en determinar si los resultados obtenidos corresponden con el tiempo y los recursos destinados a la JEP.
La JEP ha sacado en ocho años las mismas condenas que un juez en un mes
“La JEP ha sacado en ocho años las mismas condenas que un juez en un mes”: duros reparos de víctimas

